De jueces, togas y lodos

Lo prometido es deuda, así que empezaré a esbozar mi opinión sobre lo que está pasando con la justicia en esta, nuestra España. Por comenzar por alguna parte, habrá que charlar del Constitucional.
Naturalmente, líbreme Dios de hablar sobre la constitucionalidad del tan cacareado Estatut, que si los altos magistrados de la nación no son capaces de saberlo, menos aún un tipo normal como yo. Claro, que a lo mejor ellos sí saben si la norma cumple o no con la Carta Magna, pero ¿por qué no lo dicen?
Y ahí entramos de verdad en el problema. Yo no conozco la forma de renovación del Tribunal Constitucional en otros países, pero está claro que aquí hay algo que no está bien. Cuando Monstesquieu ideó la separación de los poderes del Estado en tres, Legislativo, Ejecutivo y Judicial, que a su vez se controlaran unos a otros, la cosa parecía buena, más aún viniendo de donde veníamos. Sin embargo, cuando observamos la realidad española da la impresión de que aquí la cosa no cuadra.
Veamos. Un señor sale elegido candidato de su partido (me da igual las siglas). Cuando dicho partido obtiene el mayor número de escaños en las elecciones ese señor se convierte en presidente del gobierno, es decir, del Ejecutivo. En el congreso, los diputados de ese señor votan todos a una lo que él impone, porque de ese modo en las próximas elecciones irán en la lista de candidatos, con lo cual no termino de ver claro el control del legislativo al ejecutivo. Finalmente, resulta que los máximos organismos del judicial se han de elegir con determinadas mayorías del congreso, que hace lo que dicen dos señores (el que manda y el que dice oponérsele), por lo que al final le acaban debiendo el sueldo a aquel tipo que salió elegido candidato del partido.
Más tarde llega la hora de trabajar. Aquellos señores que fueron nombrados para decidir qué normas cumplen y cuales no con la constitución se debaten entre dos aguas. Por un lado son JUECES INDEPENDIENTES QUE SOLO SE SOMETEN AL IMPERIO DE LA LEY, pero por otro son simples mortales que han de llegar a fin de mes. Por eso, cuando aquellos que les nombraron necesitan de sus servicios, su bipolaridad adquiere tintes dramáticos, ya que se debaten entre lo que dice la ley objetivamente y lo que ellos creen en su interior.
El resultado es que tenemos un sistema que no funciona, donde los ciudadanos tenemos la sensación de que aquí sólo manda una oligarquía que maneja a su antojo los resortes del estado y en la que se mantiene un status quo que en nada nos beneficia ... salvo a ellos.
¿La solución? Pues volver a los orígenes, a Montesquieu. Lograr una independencia real del poder judicial que ha de comenzar por ellos mismos, dejando claro que no se deben a nadie, sino tan sólo a lo que dice la ley. Cuando llegue el día en que los periódicos no sean capaces de augurar hacia qué lado se decantará el voto de cada uno de los miembros de una sala judicial, habremos dado un gran paso para la auténtica democracia. Hasta entonces, esperaremos sentencia, aunque ellos están sentenciados.